Está con el padre, denunciado de haber violado a la menor Impotencia, indignación. Esto sintieron las personas que escucharon el relato de María Daniela Vallejos en una marcha convocada ayer frente a Tribunales. Vallejos es la madre de Valentina Fernández Pescuma, una niña de siete años de la que hace cuatro meses se desconoce el paradero porque una orden judicial le dio la tenencia a su padre, Germán Fernández Pescuma, un hombre denunciado en 2003 por abuso sexual contra su propia hija.
Con el apoyo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de la Red Alto a la Trata y al Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes, de la que la hermana Martha Pelloni es miembro honorario, un centenar de personas se concentraron para reclamar justicia. “Si llegamos hasta acá es porque hemos tocado todas las instancias judiciales que están al alcance de la sociedad civil y no hemos sido escuchados. Estamos aquí para pedir al Consejo de la Magistratura que haga algo por esta niña. Este acto es una condena social”, dijo Pelloni.
Valentina falta del hogar que compartía con su madre y sus dos hermanos desde el 20 de noviembre pasado cuando, mediante un allanamiento ordenado por el juez civil Ricardo Güiraldes, se estableció que la tenencia la tuviera el padre. El abogado de Vallejos, Fernando Sorrentino, comentó: “El allanamiento por el que se «secuestró» a Valentina estuvo plagado de irregularidades. No se labró ni una sola acta de lo que sucedió”.
Con voz entrecortada, Vallejos tomó la palabra: “Pasaron cuatro meses y no sé dónde está Valentina. Sí sé con quién está: con el padre abusador. Yo le pido al juez Güiraldes que se aparte de la causa. Hay gente que no se anima a hacer estas denuncias, pero yo no tengo miedo: a Valentina no la tengo, no la puedo abrazar. Por eso me animo a decir todo esto”.
El abuso sexual fue constatado por una médica del Cemic que determinó lesiones y una dilatación vaginal de diez milímetros incompatible con la edad. A pesar de las pruebas, el padre fue sobreseído en primera instancia. Tras una apelación, la sala IV determinó que existió el abuso sexual, pero que no le constaba que fuera el padre y cerró la investigación.
Por esta causa se presentó una denuncia ante la Secretaría Ejecutiva de la Asamblea Permanente por Derechos Humanos por retardo y denegación de justicia. “Hace cinco años que Valentina vive con proceso judicial pendiente, época en la que fue abusada. Y nunca fue escuchada por el juez”, denunció Sorrentino.
